UN NUEVO DOGMA: LOS RECORTES SOCIALES

La política antisocial en Catalunya

El pasado 1 de septiembre en Cataluña se obligó a cerrar, y de forma definitiva, el servicio de Atención Continuada de 46 centros de atención primaria (CAP). No se trata de una simple "reordenación de la atención urgente" como nos quieren hacer creer, es una agresión en toda regla contra un derecho fundamental. La llamada "reordenación" comportará que miles de vecinos tengan que desplazarse hasta 30 kilómetros para acceder al punto de atención más cercano. Esta situación es más evidente en las localidades alejadas de las ciudades donde hay hospitales y supone un agravio importante entre el mundo rural y el mundo urbano.   

Tal y como explican los profesores Joan Benach y Carles Muntaner "las desigualdades sociales tienen consecuencias nocivas para la salud", así estos 30 kilómetros, en salud pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte. Aunque se recorten el número de profesionales sanitarios, es evidente que el número de enfermedades no bajará. De hecho, lo que pasará es que habrá un aumento de visitas a los centros que se mantengan abiertos y el consecuente aumento del tiempo de espera en los servicios de urgencias.
El gobierno Mas está demostrando ser el gobierno de los mejores garantes de los intereses de la burguesía y de los mercados, en detrimento de los intereses de los trabajadores. Entre la salud pública y la privada se establece una relación dicotómica, de modo que cuanto más se potencia la una, más se perjudica la otra y viceversa. Así, a nadie se le escapa que con unas políticas que dañan claramente la sanidad pública lo que está haciendo es dejar el terreno abonado para la sanidad privada y el negocio de la salud. Por otra parte, no parece muy extraño que esta sea la política del consejero Boi Ruiz, quien antes presidía la patronal hospitalaria privada.  

Innecesarias

Como escribe Vicenç Navarro en el diario digital elplural.com, el gobierno de la Generalitat no "ignora que los recortes son, en realidad, por motivos políticos y que responden a intereses particulares y no generales". En su artículo explica que el gasto público sanitario per cápita de Cataluña y de España es de los más bajos de la UE-15.
Navarro apunta que "el problema no es el gasto público excesivo sino los escasos ingresos del Estado", haciendo referencia a que "el poco gasto público sanitario no es, como dice la derecha nacionalista, secundario al expolio fiscal, sino a las políticas fiscales regresivas del estado español y catalán". Navarro explica que el estado español y Cataluña son los que menos impuestos recaudan de la UE-15.

CiU hace responsable de los recortes antisociales a España y el expolio sobre Cataluña para exculparse y al mismo tiempo "esconder el mayor expolio que no es de nación sino de clase social", explica Navarro, refiriéndose a que los ricos no contribuyen al estado en la medida que les correspondería por culpa de la regresión de las políticas fiscales y del elevado fraude fiscal en el que incurren las rentas superiores.

Hay alternativas

Mientras nos recortan la sanidad hay quien sigue haciendo negocio y lucrando con la salud. Hay que exigir a las mutuas patronales que paguen los costes de los enfermos por causas laborales (que representan el 18% de los pacientes hospitalarios). Las mutuas cobran los seguros pero después no asumen la parte del gasto sanitario que les corresponde.

Por otra parte, hace tiempo que suenan los tambores del copago, o mejor dicho, del repago (los trabajadores ya financiamos la sanidad pública ahora) pero esta medida no sería sólo inútil para financiar el sistema, sino que además sería injusta (porque castigaría a los más pobres) e ineficaz (la salud de los que menos tienen se resentiría, agravando sus enfermedades y suponiendo después un mayor gasto para la sanidad pública). En lugar del repago lo que hace falta es una política fiscal progresiva donde pague más quien más tenga.

Cabe destacar el decreto ley del gobierno español que obliga a los médicos a recetar según el principio activo. Pero, si bien es cierto que esta medida puede contribuir a reducir el gasto en farmacia, no es suficiente. Desde la introducción de los genéricos éstos han cumplido la función de bajar el precio de las marcas hasta llegar a los precios de referencia. Este efecto se observa cada vez que expira la patente de un fármaco y entonces sale al mercado el equivalente genérico, tarde o temprano el precio de la marca baja hasta ser similar al del genérico.

Teniendo en cuenta que los medicamentos que constituyen una mayor carga para el gasto farmacéutico de la sanidad pública son medicamentos de marca (y aún no tienen genéricos) resulta evidente que la medida adoptada se queda corta. Así, la medida que realmente supondría una reducción del desorbitado gasto en farmacia sería la regulación de la penetración de los nuevos medicamentos, no financiando con dinero público los medicamentos que, sin aportar una mejoría, sean más caros.

Estos sólo son algunos ejemplos de alternativas. Medidas como éstas servirían para fortalecer el modelo de sanidad pública y precisamente es eso es lo que no quieren.

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